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Viernes, Diciembre 22, 2017 - 16:37

Produce rabia, indignación e impotencia conocer que los recursos que salen del bolsillo de cada uno de los contribuyentes del país sean manoseados y en gran parte queden en manos de funcionarios y particulares, pero genera mayor desprecio que sea ese inmenso presupuesto para la alimentación escolar de los niños y adolescentes que se lo están robando de la manera más vil y que los gobiernos nacional, departamentales y locales, se presten para estas artimañas tan sucias.

Al menos ahora la Procuraduría revela el tejemaneje de esas empresas corruptas que son favorecidas por funcionarios deshonestos que le han entregado los dineros del Programa de Alimentación Escolar, PAE, a cinco personas en toda Colombia. Es decir que se adjudican a dedo, por debajo de escritorio y con gruesas sumas de dinero para tapar la boca a mucha gente, a costillas de los menores de edad que son engañados.

Hace apenas 3 meses también la Contraloría General de la Nación reveló casos vergonzantes de cómo estas empresas de fachada operan y roban de la forma más descarada, pero lo especial es que estas organizaciones criminales siguen operando y son permeables con esa serie de denuncias que hacen padres de familia, docentes y directivas de establecimientos educativos ante palpables irregularidades.

Señor procurador Fernando Carrillo y organismos de Justicia, envíen a la cárcel a estos delincuentes, a los funcionarios que abren las compuertas para facilitarles esos jugosos contratos y a los operadores que han construido empresas del crimen para robarles a los colombianos de bien y hacerles daño a nuestros niños. Pero démosle la importancia a estos procesos y no los dejemos solo en el escándalo.

La Procuraduría analizó 7.880 procesos contractuales y según Carrillo se pudo determinar que entre el 2013 y 2017 se dio una concentración en la contratación del PAE que predominó en 24 y hasta en 27 departamentos del país.

Por ejemplo, en el departamento de Nariño en los últimos 10 años hemos observado como luego de conocerse las denuncias por crasas anomalías, a los operadores involucrados se los separó o no se les renovó el contrato, pero luego cambiaron de nombre y volvieron a participar en las convocatorias o licitaciones y siguieron en el círculo vicioso.

Esto nos deja ver gigantescas y peligrosas empresas delictivas que desangran desde hace años el fisco nacional y favorecen a particulares como Luisa Fernanda Flórez Rincón, quien maneja 24 contratos que suman más de $152.000 millones y dos contratos más que superan los $42.000 millones; Germán Almanza Hernández, con 271 contratos por más de $149.000 millones; Ivis del Carmen Rosado Robles, tiene 11 contratos que superan los $144.000 millones; Noel Rodríguez Cubides tiene 5 contratos por más $116 mil millones y Victoria Eugenia González con 43 contratos por un valor de más de $92.232 millones.

Esto es lo que se conoce, pero el problema es que hay más de fondo de estas organizaciones que hacen de las suyas y quedan impunes. En Nariño son persistentes las denuncias de irregularidades, a las cuales las entidades administrativas y de Justicia les echan tierra, mucho más en municipios de la costa, piedemonte o la Cordillera, en donde el PAE solo es una ilusión porque la verdad es que la plata se va al bolsillo de los corruptos.

Resulta inverosímil que el Gobierno Nacional no tome riendas en el asunto, pese a ufanarse con las problemáticas que afectan a los niños y adolescentes. Se necesita revaluar el PAE y tener un comité que controle con lupa y de forma impecable el manejo de los contratos y recursos que se destinan para los mismos.

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