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Jueves, Enero 19, 2017 - 06:32

Al interponer una demanda de nulidad en contra de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior, el senador Alfredo Ramos Maya solicitó al Consejo de Estado declarar la nulidad y la suspensión provisional del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias al Congreso de la República.

Se trata de la demanda del decreto 2052 del 16 de diciembre de 2016, considerado ilegal al evidenciar una extralimitación de funciones del Gobierno Nacional. Lo anterior puesto que, como es por muchos conocido, el artículo 85 de la Ley Quinta de 1992 indica que la convocatoria a sesiones extraordinarias son: las que son convocadas por el Presidente de la República, estando en receso constitucional el Congreso y para el ejercicio de atribuciones limitadas. Sin embargo, la realidad fue completamente diferente.

“Es ilegal puesto que no existe determinación precisa de las leyes y actos legislativos que se deberían tramitar durante las sesiones convocadas, lo que significa un abuso a las atribuciones limitadas que se consagran expresamente y, pese a esta clara violación, el Congreso instaló las extras desde el 19 de diciembre”, explicó Ramos Maya.

A lo que el senador se refiere es que el artículo 2 del decreto 2052 explica que: "el Congreso se ocupará del trámite de los proyectos de ley y de acto legislativo presentados por el Gobierno Nacional con el fin de implementar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Con ello, insiste Ramos Maya, se dejan abiertas las puertas para que, “al amaño del Gobierno Nacional, sesione el Congreso para temas imprecisos, aún no radicados para su estudio, etéreos o que no estén relacionados con la convocatoria hecha”.

Ahora bien, queda completamente claro que el Legislativo “no puede ser un simple poder público que está sometido al designio antojadizo de la rama ejecutiva, sin determinar con precisión los temas a discutir, sin claridad sobre cuáles reglas serán las que rigen su labor”.

Con base en eso, existe la convicción de que se presenta una violación del principio de separación de poderes, por tanto, y al aducir una extralimitación en la convocatoria, el senador presentó la demanda mencionada y solicitó una suspensión inmediata de los efectos del decreto “para que se detengan inmediatamente las sesiones extras hasta que no se corrija ese problema”, pues se estaría abriendo la puerta para la inconstitucionalidad de todas las leyes y actos legislativos que se llegaran a aprobar durante dichas sesiones, sustentó Ramos.

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